El sector vitivinícola español se ha enfrentado un año más a una situación nada halagüeña, ante una nueva bajada del consumo interior, mientras que en los mercados exteriores España coloca demasiado vino con escaso valor añadido y a granel, por ello confía en que el Plan Estratégico pueda poner sobre la mesa actuaciones que impulsen su actividad económica.

El nuevo Gobierno socialista se ha implicado con este sector reconociendo el desajuste productivo que existe e insistiendo en la necesidad de diseñar líneas de actuación para aumentar la competitividad de los vinos españoles en los mercados exteriores, donde, a pesar de su reconocida calidad, sigue comercializándose como un producto barato, por lo que no se recupera valor añadido.

A principios de diciembre el Ministerio de Agricultura, dirigido por Elena Espinosa, convocó a todos los agentes implicados en el sector (producción, transformación y comercialización), además de representantes de las Administraciones central y autonómica para contar con un documento base para el Plan Estratégico que estará operativo en mayo.

No obstante, a parte de la buena voluntad mostrada tanto por la Administración, como del propio sector, los productores aseguran que tiene que contar con dotación presupuestaria suficiente para poder poner en marcha las acciones necesarias a corto, medio y largo plazo para relanzar el vino español y asegurar la renta de viticultores.

Una de las posibles trabas es que, a pesar de que todos estén de acuerdo en aplicar una serie de medidas, éstas finalmente no se apliquen homogéneamente en todas las Comunidades Autónomas, creando distorsiones e incluso competencia desleal entre los viticultores de una u otra región, por lo que se apuesta por una visión global.

Otro de los compromisos adquiridos por el Gobierno resultante de las elecciones generales de marzo fue modificar la Ley de la Viña y el Vino aprobada con el anterior Ejecutivo del PP para que las Comunidades Autónomas de Cataluña y Castilla-La Mancha, que interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad, retiraran el mismo.

Finaliza, pues, otro año más sin el desarrollo reglamentario de la ley y con la incertidumbre de cuáles serán los cambios que se harán, ya que por un lado se habla de modificaciones técnicas, mientras que la propia ministra habló de ir a una "nueva ley" que dé perspectivas de futuro, porque la solución no es ir cambiando la ley "a remiendos".

FUENTE: EFE-Agro.